domingo, julio 29, 2007

Bonanza Macroeconómica y Crisis Distributiva

(Notas preliminares sobre el primer año del gobierno alanista)


Es triste recordarlo, pero hay que ser muy cándido para evaluar la gestión de cualquier gobernante latinoamericano en base a las promesas que los que llegaron a la presidencia hicieran en sus campañas electorales. Aún no vivimos en Suiza. Pero, contrariamente a lo que opinan los pertinaces críticos del gobierno, creemos que el presidente García ha sido absolutamente consistente con el objetivo principal que se propuso cuando ofreció su primer mensaje a la nación, que es cuando ya hablan más en serio los que llegan al poder. Recordemos cómo lo condensó el 28 de julio del año pasado: “Nuestra meta es lograr que nuestro país tenga el nivel del grado de inversión, es decir el nivel financiero de un país sólido al que puede venir más capital barato para crear más empleo, pero con menor costo”. A primera vista esta afirmación no tiene mayor relevancia y, probablemente, ha pasado completamente desapercibida, a pesar de que también la repitió en su reciente mensaje. En la práctica, sin embargo, ese código jeroglífico nos da la pauta fundamental para entender y evaluar su gestión, que consiste en satisfacer las demandas de los ‘electores externos’, esos que no necesitan movilizarse para que se satisfagan sus demandas y que además tienen el privilegio de votar cada semana y hasta cada día, en encuestas que preparan las calificadoras de riesgo y que representan la votación que han depositado en las urnas globales las corporaciones transnacionales, la banca de inversión, el gobierno de EEUU y los organismos financieros internacionales. En tal sentido, en esta segunda gestión nuestro presidente ya no se preocupa por las encuestas nacionales de opinión (‘a las que siempre he ganado’), que eran lo único que le quitaba el sueño en la primera, sino de aquellas que se plasman en el denominado ‘riesgo país’. Y debemos reconocerle lealmente que, en su primer año, no solo ha avanzado adecuadamente con ese programa, sino que incluso ha ido bastante más allá de lo que su público-objetivo esperaba.

Si observamos el actual panorama macroeconómico nacional y sus tendencias a futuro, incluso en comparación con el resto de países latinoamericanos, nos encontraremos con indicadores que solo pueden ser calificados de notables y que en cualquier otro país seguramente se habrían materializado en un estado generalizado de optimismo y bienestar. Paradójicamente, sin embargo, tanto el malestar que las familias expresan a través de las encuestas de opinión, como las sorprendentes paralizaciones y movilizaciones masivas que se han realizado durante los últimos meses en gran parte del país, nos alertan sobre nuevos procesos sociopolíticos que aún no llegamos a entender a cabalidad y que parecerían reflejar novedosas metamorfosis y constelaciones larvadas que estarían cambiando las estructuras más profundas de nuestra sociedad.

El crecimiento económico ha aumentado sostenidamente desde el año 2002 y ahora viene promediando un 7-8% anual, con lo que el PIB actual –que equivale a US$ 100.000 millones- podría duplicarse en 10 años, siempre que se mantenga la tendencia y que las brechas fiscal y externa de EEUU se resuelvan paulatina más que bruscamente. La inflación apenas llega al 2% y el desempleo solo es del 5% a nivel nacional (recordando que en las áreas rurales es prácticamente nulo). Las tradicionalmente deficitarias cuentas fiscal y de balanza comercial están en azul, la primera rebasa el 2% y la segunda está cerca al 7% del PIB. El Banco Central ha logrado acumular un impresionante colchón de reservas internacionales netas por US$ 22.000 millones, en gran parte como consecuencia de su intervención para mantener estable el tipo de cambio y que son una arma poderosa para enfrentar casi cualquier choque externo. La capacidad ociosa de producción apenas llega al 15%, por lo que tampoco por este lado amenazan brotes inflacionarios. En tal sentido, la economía viene avanzando prácticamente a ritmo de crucero, cuyo despegue se originó básicamente en la espectacular expansión de las exportaciones primarias, tanto por cantidades, como sobre todo por los precios extraordinarios de los metales en el mercado mundial a partir de 2002. Poco a poco ese boom primario-exportador (las exportaciones tradicionales representan el 75% de las totales) se ha ido extendiendo “hacia dentro”, a juzgar por el crecimiento de la producción de los sectores construcción (14%), comercial (10%) y manufacturero (9%), bastante por encima del 8% anual general alcanzado en mayo pasado. Gracias a esas tendencias, que venían impulsadas exógenamente por los vientos alisios de la economía mundial y al hecho de que dejó de cumplir con las principales promesas de campaña, el ‘riesgo país’ se ubica en un nivel sin precedentes, levemente por encima de los 100 puntos base, lo que nos acerca cada vez más al ansiado ‘grado de inversión’, reflejo de la confianza que el capital extranjero abriga por nuestro país y por lo que ha prometido invertir US$ 20.000 millones en lo que resta del quinquenio.

Paradójicamente, sin embargo, el gobierno aprista acaba de celebrar su primer año de gestión en el marco de un descontento generalizado y una turbulencia social cuya contundencia no se experimentaba desde hacían treinta años atrás. No se trata, por cierto, de un espectáculo dantesco el que venimos presenciando en el país, pero tampoco vivimos en una playa paradisíaca como nos la sigue pintando la cúpula del gobierno actual. ¿Cómo entender este preocupante y súbito proceso de ebullición sociopolítica en un marco económico aparentemente tan alentador? Las causas pueden derivarse directamente de las equivocadas premisas de las que partió el gobierno cuando pensaba que el boyante contexto económico le iba a permitir gobernar sin mayores sobresaltos. Veamos las más importantes.

Para comenzar, aunque sabía que la ‘luna de miel’ no les iría a durar mucho, supuso –como el gobierno anterior- que el crecimiento económico elevado iría a ‘chorrear’ lo suficientemente hacia todos los estratos sociales y regiones geográficas del país como para morigerar en algo el malestar generalizado. En la práctica, sin embargo, los frutos del crecimiento engrosaron las utilidades más que las remuneraciones, los sueldos más que los salarios (y entre éstos con enormes diferenciaciones dependiendo de las calificaciones), las zonas urbanas más que las rurales y la costa más que la sierra y selva. Consecuentemente, los aumentos acelerados de los ingresos fueron a parar principalmente a manos de los estratos altos de ingreso (A, B y parte del C) frente a los demás (D y E). En tal sentido las diversas variantes como se distribuye el Ingreso Nacional -funcional, personal y regionalmente- una vez más terminaron siendo regresivas, beneficiando a los que de por sí poseían los mayores ingresos y, sobre todo, de los que habían acumulado más riqueza y activos, como es natural en una libre economía de mercado.

Paralelamente y reforzando el proceso anterior, las políticas sociales y el ‘shock de inversiones’, que irían a potenciarse entre sí para morigerar la insatisfacción relativamente generalizada heredada del gobierno anterior, tampoco tuvieron el impacto esperado. Lo que es atribuible al pesado aparato burocrático, a falta de una reforma profunda del Estado como la que había prometido en campaña el presidente García. Tanto el gobierno central, como los regionales, fueron incapaces de implementar los proyectos que estaban a la mano y para la que disponían del financiamiento necesario proveniente de las multimillonarias sumas provenientes del canon y las regalías, que hoy se apolillan en el Banco de la Nación. ‘Ciudadanos al Día’ informó que se ejecutó apenas el 67% del presupuesto del ‘Plan Anual de Contrataciones’ y, hasta mayo de este año, apenas se usó el 25% del presupuesto, cuando debería estar en 33%.

El gobierno también creía que asegurándole la rentabilidad al capital extranjero, se procesaría su continuado ingreso masivo de inversiones que iría a rendir frutos rápidamente. Y, en efecto, a IED llegó, pero esos flujos tardan en plasmarse en más producción-empleo-exportaciones, especialmente porque obviamente el capital foráneo se sigue radicando en los sectores más rentables, aunque de lenta maduración, como lo son el minero y el hidrocarburífero, aunque crecientemente también se ha ido involucrando en la banca, la agroindustria y el gran comercio por departamentos. Tampoco se percató que esas inversiones foráneas ya vienen cosechando sus frutos, tanto que las utilidades remitidas al extranjero el año pasado (US$ 6.741 millones), duplicaron el monto de las inversiones frescas que ingresaron (US$ 3.467’), brecha que –como es natural- se irá ensanchando peligrosa pero inevitablemente.

Optimistamente se creía que desactivando los paros y movilizaciones, inicialmente muy focalizadas, con promesas y dádivas –que el premier manejó con criolla sofisticación- se podía suavizar localizadas frustraciones y calmar la efervescencia reinante. Pero no se contó que de esos casos exitosos de demandas satisfechas por parte del gobierno, otras localidades y grupos sociales reaprendieran el ancestral principio de “el que no llora, no mama”, con lo que –a través de una especie de efecto demostración- se desataron múltiples y polifacéticas movilizaciones para que se atiendan las más diversas y largamente contenidas demandas en las más diversas zonas del país. Los únicos que durante este primer año de gobierno no necesitaron derramar lágrimas para que se respeten sus supuestos derechos fueron tres facciones del capital: los acreedores externos, a quienes hasta se le adelantaron pagos millonarios; los exportadores nacionales para quienes la aprobación del TLC pasó del ‘sí o sí’ de Toledo al ‘como sea’ ahora, por más pesadas que resultaran para la digestión de la dignidad nacional las reprimendas explícitas en las adendas dictadas recientemente por los electores externos para finiquitarlo; y los inversionistas extranjeros, a quienes se les respeta caballerosamente la estabilidad tributaria, negándose consistentemente los requerimientos para que se les cobre regalías a todos y se establezcan impuestos a las sobreganancias y a las utilidades financieras, entre otros.

También se abrigaba la esperanza de que el proceso de regionalización iba a quitarle una serie de problemas conflictivos de encima al gobierno central y a contribuir a moderar las movilizaciones, otorgándole una serie de funciones críticas. Contrariamente a lo esperado, aparte de que el partido de gobierno perdió las elecciones de noviembre pasado en prácticamente todas las regiones y desactivó irresponsablemente el CND, es desde ahí que se han ido acumulando los reclamos y fricciones, que finalmente brotaron abiertamente en los pasados dos meses y que amenazan hacerlo con aún mayor intensidad en el futuro, especialmente por la política confrontacional que el gobierno viene preparando, especialmente la dirigida contra los justificadamente levantiscos o los obligadamente oportunistas presidentes regionales.

También se confió, con buena justificación, en la debilidad de los partidos políticos de oposición, que –aparte de su ineptitud natural- el propio gobierno logró desprestigiar y hasta a cooptar casi plenamente, nombrando incluso a miembros prominentes de sus filas para los cargos políticos más decisivos, entre los que destacan los ministros de economía-finanzas y de la producción y hasta de la presidencia y directorio del Banco Central. Estas capacidades no le alcanzaron para conseguir una mayoría limpia en el congreso, con lo que tuvieron que conformar alianzas estrambóticas con promesas y transfugismos aún más sorprendentes para aprobar leyes mediocres, que llevaron a un desprestigio aún mayor del Legislativo, el que ha alcanzado su pináculo con la elección de su nueva mesa directiva literalmente transilvánica.

Pero, que se haya desplomado la oposición política orgánica, no quiere decir que sus bases de apoyo hayan desaparecido. No se contó con el hecho de que la imagen del supuesto líder de la oposición, así como la de la ‘candidata de los ricos’ que parecería haberse ubicado a la izquierda del Ejecutivo, no eliminaba también a los grupos y fracciones sociales que votaron por aquél (un significativo 47% en la segunda vuelta), gran parte de los cuales se han venido movilizando en los últimos meses y semanas. De ahí que el gobierno no contara con la posibilidad de reconstitución de las federaciones de trabajadores, de los gremios agrarios y de los movimientos regionales durante el último lustro y entre los que se destaca la reorganización de los sindicatos. Cual Ave Fénix, especialmente en el transcurso del mes pasado, han renacido abruptamente de sus cenizas e irrumpido inesperadamente en la escena política a escala nacional las aún precariamente reconstituidas organizaciones de trabajadores y maestros del país, acompañadas en sus movilizaciones y paros reivindicativos por otros variopintos segmentos de corte local-regional y sectorial, especialmente de la minería, el agro y la construcción. Estas fuerzas reivindicativas y otras progresistas, que desde fines de los años setenta representaban a un tercio de la ciudadanía nacional, habían sido prácticamente borradas del mapa político precisamente durante el bienio final del gobierno aprista anterior, como consecuencia de la hiperinflación y la depresión económica a los que condujo al país, y que fuera rematada legal y hasta literalmente por las políticas de estabilización y ajuste, así como por las llamadas reformas estructurales del autoritarismo fujimontesinista de los años noventa y el continuismo neoliberal de los gobiernos democráticos de este primer quinquenio del siglo XXI.

A esas fuerzas se unieron, tímidamente quizás, algo que no esperaba el gobernante y que lo viene debilitando en su defensa del ‘orden’, las descontentas bases –sobre todo regionales- del partido aprista, no solo por haber sido descolgados de su participación en el gobierno, sino porque consideran que el presidente ha traicionado los principios del partido, aparte de que no cumplió con otra de sus promesas como fue la de restaurar la Constitución de 1979.

A todo lo que se añade que, aunque parecería ser un aspecto superficial, el presidente ciertamente asumía que su lúcida oratoria podía volver a convertirse en un sólido pilar para encandilar a gran parte de la población para embalsar sus pretensiones, olvidando que solo un 24% de la población voto por él en la primera vuelta. Especuló que, gracias a sus excepcionales dotes oratorias, olfato político y componendas tras bastidores, el pueblo se iría a olvidar del cúmulo de promesas electorales; que le fueron enrostradas una y otra vez, hasta que después de un año de paciente espera le explotaron en la cara, con lo que su nivel de aceptación cayó al 32% (habiendo partido, en agosto del año pasado, con un 64%).

Finalmente, el gobierno no llegó a calibrar los elevados niveles de malestar que se fueron acumulando, no solo en este primer año de gestión, sino a lo largo de todo el quinquenio anterior, por decir lo menos. A este efecto, actuaron una serie de complejos fenómenos sicosociales de la más variada especie, cuando el gobierno creía que actuaba desde cero, como si los estados de ánimo, de tedio y de fastidio heredados se hubiesen borrado completamente desde el momento en que asumieron el poder. En primer lugar, como se puede observar directamente de los resultados de las encuestas de opinión, ha ido creciendo la frustración, por la continua brecha que se generó entre lo que esperaban las familias en relación a su situación económica y los logros efectivos que alcanzaron. En segunda instancia, las aspiraciones –básicamente económicas- de la población han ido expandiéndose a elevados ritmos, siempre mayores a los incrementos de sus ingresos. Tercero: comenzó a actuar el ‘efecto túnel’ (Albert Hirschman), en que ciertos grandes segmentos de la población observaron cómo avanzaban otros segmentos en cuanto a su nivel de vida a partir del año 2002, lo que les daba esperanza y aceptaron esas disparidades como una especie de efecto de ‘tolerancia hacia la desigualdad’ (Adolfo Figueroa) por un cierto tiempo; pero éste se fue prolongando más y más sin expectativa de avance alguno para la mayoría, lo que terminó en la desesperanza primero (de ahí la creciente emigración, delincuencia, narcotráfico y similares vías de escape individuales) y en movilización social después. Téngase presente que antes que esta se desatara, en junio de este año, solo un 17% de la población peruana consideraba que se encontraba mucho mejor (1%) o poco mejor (16%) que hace doce meses, mientras que un mayoritario 55% decía estar igual y un 28% poco peor (26%) o mucho peor (2%), según las encuestas de Ipsos Apoyo para Lima Metropolitana. Si, encima, se les repite a diario el tremendo crecimiento económico del país, el auge de la BVL, las ganancias de las principales empresas y los sueldos de los gerentes generales, ¿qué puede esperarse ante el estancamiento del nivel de vida de la gran mayoría de la población?

A diferencia del gobierno anterior, que culpaba de su desprestigiada imagen a las supuestamente falseadas encuestas de opinión, ahora resultan ser los medios de comunicación que sólo convertirían en ‘noticia’ lo malo, a lo que añadieron autocráticamente la ridícula excusa que los ministros no supieron comunicar adecuadamente su obras. Por lo que el presidente se tomó la molestia de dedicarle la gran mayoría de su soporífico segundo Mensaje a la Nación a las miles de obras realizadas y a los millones de soles invertidos, quizás en la ingenua esperanza que ello despertaría el optimismo del 65% que lo desaprueba nacionalmente a solo un año de gestión.

En presencia de esas pésimas condiciones de vida, a diferencia de los ‘electores externos’ que votan con sus celulares encriptados, los ciudadanos peruanos descontentos solo pueden votar con los pies, por lo que las marchas en el país han sido y seguirán siendo masivas. Pero a ese respecto hay que diferenciar entre los desesperados que marchan hacia adentro y los que lo hacen hacia fuera. Entre los que se movilizan contra el gobierno dentro de nuestro territorio solo atiende a los que lo hacen en grupos bulliciosos, supuestamente amenazando la democracia, pero no a los cientos de miles que no tienen voz o los que marchan sigilosamente a la criminalidad, a la mendicidad, a la corrupción y a los cultivos ilícitos. Y, peor aún, los más olvidados son los que marchan obligada y silenciosamente al exterior y que el año pasado ascendieron a 336.300 personas o casi 3% de la fuerza laboral (PEA), con lo que han contribuido notoriamente a reducir el desempleo e incluso la PEA, que ya el año 2005 –por primera vez en la historia- cayó en términos absolutos en 216.000 trabajadores, llegando a 12,2 millones. Y, en lo que va del presente año hasta mayo, el saldo migratorio neto ascendió a 164.500, con lo que este año –de seguir la misma tendencia- migrarían 395.000 habitantes, 17% más que el pasado. Es un pobre consuelo que contribuyan anualmente con remisiones a sus familias que rebasan los US$ 1.800 millones anuales.

En conclusión, sin embargo, a pesar de la persistencia de las pésimas condiciones de vida de la gran mayoría de la población, no debemos ni podemos perder las esperanzas. Este segundo mensaje del presidente a la nación ha demostrado fehacientemente que tiene la intención y las capacidades necesarias para reivindicarse con los libros de historia, por lo que estamos plenamente convencidos que lo logrará con creces si afronta con seriedad, tanto la pobreza absoluta, como la crisis distributiva.

viernes, julio 20, 2007

De la Frustración Personal a la Convulsión General

A pesar de la extendida bonanza macroeconómica, de la que tanto alardea el gobierno, vivimos un surgimiento masivo y sorpresivo de las movilizaciones y protestas que no se daban desde hace tres décadas. El trasfondo estructural del descontento relativamente generalizado radica en una serie de factores de larga data, que ya a nadie parecen llamarle la atención, como son la desigual distribución del ingreso y de la riqueza, la miseria de gran parte de la población y el abandono de las regiones por parte del Estado. Si bien estos factores son condiciones necesarias, no son suficientes para entender la convulsión social. Entre la miríada de causas que se podrían proponer a ese respecto, me atrevo a resaltar unas cuantas.

La primera derivaría de un proceso psico-sociológico dinámico, bautizado como ‘efecto túnel’ por el prestigioso economista Albert Hirschman. Otros académicos lo han denominado 'factor esperanza' (Pablo González Casanova) o la 'política de la frustración' (Ralf Dahrendorf) o la 'tolerancia limitada frente a las desigualdades' (Adolfo Figueroa). De acuerdo con esta hipótesis, mientras las personas tengan la expectativa de ver alguna luz al final del túnel y de llegar a destino, la tolerancia respecto a las desigualdades e injusticias percibidas predominará sobre la impaciencia. Sin embargo, según aquel autor, ese proceso no dura ad infinitum: "Esa tolerancia es como un crédito que se vence en cierta fecha. Se concede con la esperanza de que, finalmente, se reducirán de nuevo las disparidades. Si esto no ocurre, habrá inevitablemente problemas y quizá desastres". Es decir, en el momento menos pensado, el proceso puede desembocar en desilusión, frustración, agresividad y depresión en el nivel personal-familiar y, más adelante, puede materializarse en movilizaciones sociopolíticas a diversos niveles, sectores y espacios locales, regionales o, en el extremo, nacionales. En nuestro caso, esa tolerancia se viene observando por lo menos desde hace una década, habiendo desembocado paulatina y efectivamente –más que en movimientos sociopolíticos de envergadura- en emigración masiva, delincuencia común, terrorismo resucitado, corrupción desaforada y, en las elecciones del año pasado, en votos anómicos o de narices tapadas. Y, solo ahora, aquel malestar personal viene decantando en erupciones sociales –aún descoyuntadas- en extendidas zonas críticas del país.

Es decir, el ‘crédito sociopolítico’ parece haberse suspendido de golpe en el país hace varias semanas. Por lo que, como bien ha dicho Figueroa, se presenta aun más pronunciada la crisis distributiva: "Los individuos no están dispuestos a tolerar cualquier grado de desigualdad. Hay grados de extrema desigualdad que no tolerarían. Pero, además, actuarían para remediar esta situación que la consideran injusta. Huelgas, protestas, redistribución privada con violencia son algunos de los mecanismos que utilizarán los individuos para tratar de restaurar una situación de desigualdad que sea más justa. Cuando el grado de desigualdad pasa los umbrales de tolerancia social, se produce caos y violencia (...)". Por tanto, lo interesante de este proceso es que, llegado un momento se desencadena un inesperado huayco sociopolítico, atribuible también a la falta de previsión del gobierno y a la inexistencia de canales institucionalizados de concertación. Hirschman ya lo señalaba cuando decía que las frustraciones se van acumulando sigilosamente y que -sin aviso previo- pueden explotarle en el rostro al gobierno y en las circunstancias menos esperadas, sin que medien necesariamente causas exógenas aparentes, como se ha estado dando efectivamente en la coyuntura reciente. Una que otra chispa menor, pero sensible, como el aumento del precio del pan y del pollo, la eliminación de exoneraciones y similares, puede rebalsar el vaso de la paciencia, pero no puede explicar la extensión y radicalidad de las movilizaciones.

El gráfico que se adjunta presenta la evolución de los niveles de frustración, calculados a partir de las encuestas mensuales de Apoyo. El índice correspondiente mide la relación existente entre las expectativas de mejora de la situación económica familiar que tenían las personas hace doce meses (numerador) y sus logros efectivos una vez transcurridos esos doce meses (denominador). Se habla de frustración cuando no se cumplen las expectativas, con lo que el índice será mayor a 1; así como al revés, será menor a 1 si se ha logrado más de lo esperado (satisfacción). Como se puede observar en el diagrama, en lo que va de este gobierno, durante el segundo semestre del año pasado estábamos a un nivel en torno al 1 (de expectativas cumplidas), pero desde entonces ha ido aumentando drásticamente la frustración hasta llegar a 1,31 en junio 2007. No es difícil imaginar que en este mes de julio se rebasará el 1,40 o más.

Sin embargo, en este esquema falta un elemento explicativo fundamental, ya que es necesario reconocer que el descontento y la frustración prolongadas no llevan automáticamente a las movilizaciones, como las que hemos visto estos días. Observando el gráfico adjunto, la frustración económica de las familias ha sido mucho mayor que este año en 1996 y, muy especialmente, en el periodo que va del año 2001 (excepto el segundo semestre, cuando Toledo inició su gobierno) hasta principios de 2004, en que el índice de frustración oscilaba en torno al 1,45. Pero esa tremenda insatisfacción no se sintió en las calles, por lo que nos falta una pieza adicional para entender las movilizaciones recientes. Pensamos que para que estas se den, es indispensable la presencia de un soporte sociopolítico sólido, institucionalizado y con liderazgo. Y es éste el que ha ido madurando en el transcurso del último quinquenio, en que efectivamente –entre otros- el movimiento sindical, los gremios de agricultores y los gobiernos regionales se han organizado y han servido de sustento para que la prolongada frustración se haya podido materializar en paros masivos, aunque aún relativamente desperdigados. Como lo acaba de afirmar el presidente de la federación de trabajadores mineros: “han perdido el miedo y están entrando a formar sus sindicatos. (…). Antes había miedo, porque botaban a los dirigentes. Ahora no y se debe al empuje que les estamos dando”. Y, en efecto, la sindicalización ha aumentado a un ritmo anual del 15% durante el último quinquenio, a la par del crecimiento macroeconómico.

De manera que, si pretendemos mantener la democracia en el Perú, por más 'delegativa' que sea, el gobierno tendrá que afrontar seriamente la dramática 'crisis distributiva', para lo que las concertaciones de un premier-bombero ciertamente no bastan. Más aún, como el principio de “el que no llora no mama” se está cumpliendo como nunca en el país, se ha convertido también en el principal mecanismo de propagación de las movilizaciones. Encima, las concesiones se están restringiendo principalmente a los segmentos C y parte del D de la población. Por lo que, como siempre, los que más necesitan del apoyo público (el resto del D y todos los del E) y que no están en condiciones de movilizarse (ni siquiera hacia fuera del país, como los 336.000 que lo hicieron el año pasado y los 165.000 de enero a mayo de este, según el INEI), siguen quedando fuera de juego. Finalmente, por más que el ‘efecto pánico-humala’ se haya desvanecido, sus bases siguen vivas y en busca de otro líder, por lo que también será necesario que los poderes fácticos del país reconozcan la crisis distributiva y se propongan afrontarla (más allá de óbolos miserables), porque hasta ahora lo único que han atinado a balbucear es que esos conflictos sociales ‘están espantando la inversión privada’. Y para que esto no suceda en el futuro, no bastará declarar la ilegalidad de las paralizaciones y manifestaciones... a no ser que se realicen en nuestros estadios de fútbol, plazas de toros o coliseos de gallos.

Índice de frustración en Lima Metropolitana: 1995-2007 (Escala acotada)


Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A.(informes mensuales). Elaboración propia.

Publicado en La República, julio 22, 2007; p. 18.

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Nota: Este texto es una extensión del publicado en julio 5, 2007: "El 'Efecto Túnel' y la Convulsión Social".

martes, julio 10, 2007

De la Papa Chola al Trigo Gringo

Han transcurrido apenas tres meses desde que se establecieran las nuevas tasas arancelarias en el país[1], que entonces se redujeron básicamente a tres niveles (0%, 12% y 20%), llegando a un promedio ponderado del 8%. Sorprendentemente, ayer se han vuelto a modificar para dos grupos de insumos agrarios[2], eliminando la sobretasa arancelaria del 5% al trigo[3] y recortando en dos puntos porcentuales (de 12% a 10%) las tarifas de importación al trigo duro, a los demás trigos y al maíz amarillo duro.

El propósito manifiesto de esta medida radicaría, tanto en evitar el aumento aún mayor del precio del pan (tallarines y galletas incluidas) y de los pollos (huevos plus), como para –como no- “promover la eficiencia y competitividad de la economía”. ¿Es que ahora la política anti-inflacionaria ha pasado del Banco Central (metas explícitas) al Ministerio de Economía (política arancelaria)? El mes pasado, el rubro de alimentos aumentó apenas 0,47% en Lima, pero los huevos subieron 11%, la gallina 8,2% y el pollo 3%. Y el del pan se disparó en saltos que van del 20% al 60%, partiendo de una base de 10 centavos por unidad.

Por otro lado, el objetivo político que se persigue con esa rebaja tarifaria es más revelador, ya que esta brusca e inconsulta modificación –como la han calificado los gremios involucrados- no se puede entender sino en el marco de la brusca e inconsulta agitación sociopolítica que viene azotando al país de un extremo a otro. Como es comprensible, en este avieso contexto, el gobierno no podía darse el lujo de abrir otro frente de malestar, que en este caso habría provenido de las capas medias y populares de las urbes, para quienes el pan y los fideos (más la leche que también amenaza subir) son componentes críticos de la canasta familiar, tanto pecuniaria, como sobre todo sicológicamente.

En tal sentido la medida es resultado de una acción desesperada por evitar que las flamas no se expandan aún más. Obviamente el precio del pan y de los pollos no van a caer, ya que la rebaja tarifaria será absorbida básicamente por los poderosos oligopolios molineros, más que para beneficio de los consumidores (dicho sea de paso, ¿no le llamó la atención a usted que no se redujeran los aranceles a la harina que están en 25%? ¿Vaya poder que tienen los molineros aliados al gobierno!). Sin embargo, las presiones al alza serán contenidas en lo fundamental, a no ser que sigan subiendo los precios internacionales, que lo habían hecho antes como consecuencia, tanto de la creciente demanda de China e India (en el caso del trigo) y de EEUU (en el caso del maíz para la producción de etanol), como por las sequías que afectaron la oferta triguera de Argentina y Australia, entre otros.

Pero lo más dramático de esta medida es que golpea duramente a los de por sí pauperizados productores agrarios de la sierra, paperos y maiceros por igual. Y es que esa ‘política’ de rebaja arancelaria seguirá fomentando el consumo de insumos importados para alimentar a la población urbana (¡ahí están los que tienen voz y voto!), cuando lo que se necesitaría es precisamente fomentar el consumo de sustitutos que sí se producen en el país (pero, por quienes no tienen voz). Para remate, el mismo Presidente, hace solo dos días, había señalado que hay que ir precisamente en esa dirección: “cuando aprendamos a cambiar nuestra dieta no nos afectará el aumento del trigo extranjero”. Lo que, por supuesto, nos podría traer malévolamente a la mente la célebre frase de María Antonieta, cuando exclamaba, poco antes de la revolución: “Si el populacho no tiene pan, ¿por qué no come torta?”.

A lo que habría que preguntarse cómo así la población va a cambiar sus patrones de consumo dólar-adictos hacia los alimentos que produce el campesino peruano, si todas las medidas que se toman -o dejan de tomarse- van dirigidas a incrementar la propensión a consumir aquellos que vienen de fuera. Es, en esencia, como ya debería haberlo aprendido nuestro mandatario, un problema de precios relativos: Si se sigue ‘embalsando’ el precio del pan y los fideos de trigo (encima subsidiados en el extranjero), ¿quién va a comer bienes sustitutos como, por decir, papas, ollucos, ocas o yucas? Para colmo, desde hace buen tiempo hasta los chips de papa se importan de Canadá y Holanda. Y lo sabe bien el Dr. García cuando agrega lamentoso –y justo después de hablar de la bendita rebaja arancelaria- que “la papa se pudre en Andahuaylas, Santiago de Chuco o Huánuco, porque los peruanos prefieren pan blanco de trigo extranjero”. (Técnicamente, dirían los buenos economistas, se trata de un problema por el hecho de que la ‘elasticidad cruzada’ de la demanda por esos bienes es mayor a cero, porque son sustitutos, con lo que -es un decir- si baja el precio de un bien, también cae la cantidad demandada de los bienes sustitutos).

La cuestión que se le presentó al gobierno en estos convulsionados días, obviamente, resultó tan urgente que ha tenido que recurrir al ramplón pragmatismo cortoplacista en esta materia, que por lo demás caracteriza a todos nuestros gobiernos. Porque, si la casa arde y no se dispone de agua o extinguidor, seguramente se intentará apagar las llamas sin pensar mucho y con lo que esté a la mano, sean frazadas o toallas o suegras, por lo que el fuego seguramente se atizará. Y es eso lo que se esta empollando en este caso concreto y otros mucho más complejos que vienen supurando -inesperadamente esperados- de la dermis de nuestras tierras, en que el albor de la harina que ingieren ávidamente los costeños seguirá desplazando abusivamente al oriundo alimento de la sierra. Es un símbolo de los tiempos, pero puede convertirse en augurio de tempestades.



[1] Decreto Supremo No. 017-2007-EF.

[2] Según el D.S. No. 091-2007-EF.

[3] Que regía desde 1998 según el D.S. No.035-97-EF.


Fuente: La Insignia (www.lainsignia.org/2007/julio/ibe_006.htm).

miércoles, julio 04, 2007

El 'Efecto Túnel' y la Convulsión Social

En el transcurso de las últimas semanas y meses, poco antes de cumplirse el primer año de nuestro flamante gobierno, se ha ido desatando una ola de huelgas y protestas, de marchas y plantones, de paralizaciones y movilizaciones, de bloqueos y conflictos. A la que se añade todo un cargamontón que se iniciaría a partir del próximo miércoles 11 de este mes. El que involucrará a sectores que cubren prácticamente todo el espectro de la actividad económica, desde la CGTP, pasando por los gremios del agro (Comisión Agraria Nacional y Confederación Campesina del Perú) y la minería (Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería y la Federación Minera), hasta llegar a los trabajadores municipales, los de construcción civil, a los del sector salud y a los docentes y personal administrativo de la educación superior. Y, a partir del 23, se espera la huelga indefinida de la región Arequipa.

En ese marco de ebullición, nos parece que las autoridades del gobierno están muy equivocadas si creen que esos agitados procesos son atribuibles a “pequeños grupos de protesta focalizados”, que estarían interesados en “romper el orden y atentar contra el sistema democrático”, como lo ha expresado temerariamente el premier.

Los factores desencadenantes de tales movilizaciones, son de diversa índole y magnitud. Hay de las que claman por demandas largamente contenidas, como la de mayores recursos, la exigencia de obras sociales para las regiones y el cumplimiento de las promesas electorales, así como otras más específicas que se oponen a la eliminación de las exoneraciones tributarias (región Ucayali), que se quejan por la contaminación derivada de la actividad minera artesanal (5 provincias de Puno), que piden la renuncia de un presidente regional (Huancavelica), que exigen la reposición de trabajadores despedidos (Casapalca), que solicitan una ley de carrera pública magisterial renovada, el nombramiento de maestros y sueldos dignos (nacional, SUTEP); etc.

A pesar de, o precisamente, por la bonanza macroeconómica de la que tanto alardea el gobierno, el trasfondo estructural de las diversas medidas de fuerza radica, entre otros, en la desigual distribución de la riqueza, la miseria de gran parte de la población y el abandono de las regiones por parte del Estado. Pero esos factores no permiten entender el surgimiento sorpresivo de estas movilizaciones y protestas. Quisiera resaltar uno solo, que me parece sustantivo y que deriva de un proceso psico-sociológico dinámico, planteado por el prestigioso economista Albert Hirschman, que bautizara como el ‘efecto túnel’ en 1973, y que otros han denominado 'factor esperanza' (Pablo González Casanova) o la 'política de la frustración' (Ralf Dahrendorf) o la 'tolerancia limitada frente a las desigualdades' (Adolfo Figueroa).

De acuerdo con esta hipótesis, mientras las personas tienen la esperanza de ver alguna luz al final del túnel y de llegar a destino, la tolerancia respecto de las desigualdades e injusticias (que son la causa estructural del descontento) predominará sobre la impaciencia. Esto sería así porque saben que, si alguno de los viajeros que iba en otro vehículo pudo avanzar en esa dirección o incluso llegar hasta allá y salir del túnel, ellos eventualmente también lo podrán lograr. En ese entendido, "el efecto de túnel opera porque los avances de los demás proveen información acerca de un ambiente externo más benigno; la recepción de esta información produce satisfacción; y esta satisfacción supera a la envidia o, por lo menos, la suspende". Con buenas razones, por tanto, Hirschman concibe esta externalidad como una especie de 'válvula de seguridad' que asegura el statu quo... pero, sólo hasta cierto punto en el tiempo.

Así que muy bien puede haber una contradicción aparente entre las 'condiciones objetivas' dadas por paupérrimos ingresos, pésimas condiciones de trabajo y privación general, por un lado, y un favorable 'sentimiento subjetivo' de esperanza y expectativas, por el otro. Con lo que la tolerancia y, en muchos casos, la resignación –como es el caso de las nuevas capas medias no organizadas- predominan frente a la acción y hasta la rebelión. Esta hipótesis contrastaba con la que postulaba en su momento la mayoría de antropólogos, sociólogos y economistas, quienes proclamaban que la pobreza extrema nutre y es el principal determinante de los sentimientos de desengaño y las tendencias a la protesta, tesis que hasta ahora comparten muchos.

En efecto, detrás del planteamiento hirschmaniano persiste la esperanza de ascenso social por un buen tiempo, en que las condiciones objetivas -por pésimas que sean- no resultan determinantes. Sin embargo, según ese autor, ese proceso no dura ad infinítum: "Pero esta tolerancia es como un crédito que se vence en cierta fecha. Se concede con la esperanza de que, finalmente, se reducirán de nuevo las disparidades. Si esto no ocurre, habrá inevitablemente problemas y quizá desastres". Es decir, en el momento menos pensado, el proceso puede desembocar en desilusión, frustración, agresividad y depresión en el nivel personal-familiar y, más adelante, puede materializarse en movilizaciones sociopolíticas a diversos niveles y espacios locales, regionales o, en el extremo, nacionales. En nuestro caso, desde hace una década por lo menos, ha desembocado efectivamente en emigración masiva, delincuencia común, terrorismo resucitado, corrupción desaforada y, en las elecciones del año pasado, en anómicos votos 'anti-establishment'. Y ahora, en erupciones sociales –aún descoyuntadas- en amplias zonas críticas del país.

Es decir, el ‘crédito sociopolítico’ parece haberse suspendido de golpe en el país. Por lo que, como bien ha dicho Figueroa, se presenta aun más pronunciada la crisis distributiva: "Los individuos no están dispuestos a tolerar cualquier grado de desigualdad. Hay grados de extrema desigualdad que no tolerarían. Pero, además, actuarían para remediar esta situación que la consideran injusta. Huelgas, protestas, redistribución privada con violencia son algunos de los mecanismos que utilizarán los individuos para tratar de restaurar una situación de desigualdad que sea más justa. Cuando el grado de desigualdad pasa los umbrales de tolerancia social, se produce caos y violencia (...)".

Lo interesante de este proceso es que, llegado un momento y a falta de canales institucionalizados de concertación, se da un inesperado efecto huayco sociopolítico. Hirschman ya lo señalaba, al indicar que las frustraciones se van acumulando silenciosamente y que -sin aviso previo- pueden explotarle en el rostro al gobierno y en las circunstancias menos esperadas, sin que medien necesariamente causas exógenas aparentes, como se está dando efectivamente en la coyuntura actual. De manera que, si pretendemos mantener la democracia en el Perú, por más 'delegativa' que sea y por más que el ‘efecto susto-humala’ se haya desvanecido, el gobierno tendrá que afrontar seriamente esta 'crisis distributiva', para lo que un premier-bombero ciertamente no basta y, más aún, que los poderes fácticos del país la reconozcan y quieran afrontarla, porque ahora lo único que atinan a balbucear es que esos conflictos sociales ‘están espantando la inversión privada’.

Fuente: La Insignia (www.lainsignia.org/2007/
julio/ibe_005.htm).